Marchan en Mérida por la defensa del agua y contra el genocidio en Palestina

Por corresponsal de Chak Saastal

Más de mil personas se dieron cita este domingo en una marcha convocada por el Comité de Solidaridad con Palestina en Yucatán, en rechazo al genocidio contra el pueblo palestino y a la creciente presencia de empresas israelíes vinculadas con los sectores agrícola y de gestión del agua en territorio yucateco.

La movilización tuvo como antecedente la Expo Pro Agro Innovación 2026, realizada del 9 al 11 de octubre en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, donde participaron empresas israelíes dedicadas al desarrollo de tecnologías agrícolas, sistemas de riego y gestión de recursos hídricos. El encuentro contó con la participación del Gobierno del Estado, representado en su inauguración por el secretario de Desarrollo Rural, Edgardo Medina Rodríguez.

Para el Comité, la promoción de inversiones israelíes en Yucatán constituye un problema que trasciende las relaciones comerciales. En su pliego petitorio, dirigido al gobernador Joaquín Díaz Mena y al secretario de Desarrollo Rural, los manifestantes señalaron que los vínculos económicos con empresas de Israel tienen consecuencias políticas en el contexto de la violencia extrema en Palestina y las denuncias internacionales por genocidio.

La protesta también colocó en el centro de sus demandas la defensa del agua y del territorio yucateco. Las organizaciones convocantes cuestionaron los intereses económicos detrás de la participación de empresas extranjeras en sectores estratégicos para la población, particularmente ante las implicaciones que podrían tener sus inversiones sobre los recursos naturales, la producción agrícola y las condiciones laborales.

Entre las empresas señaladas en el documento se encuentran Israel Trade & Investment, Zafnat Group International, Phytech, Treetoscope, Sheefa, Irritec, Bermad y Rivulis, vinculadas con la Expo Pro Agro Innovación 2026. El Comité también mencionó a Mekorot y Netafim-Orbia, empresas con presencia en México relacionadas con la gestión del agua y las tecnologías de riego.

Los manifestantes exigieron al Gobierno del Estado hacer públicos los convenios, cartas de entendimiento, memorándums y registros de reuniones sostenidas con representantes del gobierno israelí, tanto durante la administración actual como en las anteriores. Entre los documentos cuya divulgación solicitaron se encuentra una carta de intención firmada en 2021.

Asimismo, demandaron información sobre los acuerdos, compromisos de inversión y mecanismos de colaboración que pudieran haberse establecido con las empresas participantes en la exposición agrícola. La exigencia busca esclarecer qué intereses económicos se están promoviendo desde las instituciones públicas y cuáles serían sus consecuencias para el territorio yucateco.

El pliego petitorio plantea también la ruptura inmediata de cualquier convenio, acuerdo, compra o licitación bajo competencia estatal que facilite inversiones de capital vinculado con Israel en los sectores agrícola, hídrico, de seguridad o cualquier otro ámbito de la economía local. A ello se suma la exigencia de suspender la recepción de representantes diplomáticos y empresariales israelíes en el estado.

Estas demandas se inscriben en un contexto internacional marcado por los procesos judiciales contra el Estado de Israel. La Corte Internacional de Justicia mantiene abierto el procedimiento iniciado por Sudáfrica por presuntas violaciones a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, mientras que la Corte Penal Internacional emitió en noviembre de 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Además de las exigencias dirigidas al gobierno estatal, el Comité solicitó que el gobernador Joaquín Díaz Mena pida al Gobierno Federal romper relaciones diplomáticas con Israel. También demandó la instalación de una mesa de negociación con las dependencias involucradas y la recepción de una comitiva que permita dar seguimiento al pliego petitorio.

La movilización vinculó así la solidaridad con Palestina con la defensa de los bienes naturales de Yucatán y el cuestionamiento de las relaciones económicas que las instituciones públicas establecen con empresas extranjeras. Para los convocantes, la participación del gobierno estatal en encuentros empresariales de esta naturaleza exige transparencia y una discusión pública sobre las implicaciones políticas, económicas y territoriales de los acuerdos promovidos.

En el cierre de su pliego petitorio, el Comité sostuvo que la solidaridad internacional debe traducirse en acciones concretas frente a las estructuras económicas y políticas que sostienen la ocupación de Palestina. Bajo esta perspectiva, la marcha del 18 de octubre planteó que la defensa del pueblo palestino y la defensa del agua y el territorio yucateco forman parte de una misma discusión sobre el destino de los recursos naturales, las relaciones de poder y los intereses económicos que orientan las decisiones gubernamentales.