La economía política del sionismo en México. Acumulación y genocidio

Militante
hace 4 días
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Por Neftalí Ricardo

El genocidio contra el pueblo palestino se sostiene sobre condiciones materiales precisas. Las armas, la vigilancia, la ocupación territorial, la destrucción de infraestructura, el desplazamiento forzado y la ocupación requieren recursos, empresas, bancos, tecnología, fuerza de trabajo, cadenas logísticas y gobiernos dispuestos a financiarlos. La violencia sionista se reproduce dentro del capitalismo y mediante sus mecanismos de acumulación.

Presentar al sionismo como un ente maligno o como la representación del "diablo sobre la Tierra" puede expresar una condena moral, pero impide comprender las relaciones sociales y de producción que hacen posible su existencia. El sionismo es una corriente política e ideológica que organizó un proyecto de asentamiento y construyó, mediante la ocupación, un Estado articulado con el capital internacional. Su fuerza procede de la propiedad privada de los medios de producción, del financiamiento, del apoyo militar de las potencias imperialistas y de su integración a los mercados mundiales. Su reproducción depende de una estructura económica, política y estatal concreta, y no de una esencia cultural o religiosa.

El Estado de Israel ocupa una posición estratégica dentro del imperialismo. Funciona como plataforma militar, tecnológica y política para los intereses de Estados Unidos y sus aliados en Medio Oriente. Al mismo tiempo, ha desarrollado un complejo empresarial que obtiene ganancias de la ocupación. Las armas, los drones, los sistemas de espionaje, las tecnologías de vigilancia, los mecanismos de control fronterizo y las técnicas para administrar poblaciones sometidas se prueban sobre el pueblo palestino y después se venden a otros Estados.

Esta relación permite comprender la participación de empresas israelíes en México. Su presencia en el agua, la agricultura, la energía, las telecomunicaciones y la seguridad forma parte de la expansión internacional de capitales desarrollados bajo la protección del Estado israelí. Algunas de estas empresas pertenecen directamente a ese Estado. Otras mantienen relaciones con su aparato militar, sus centros de investigación y sus instituciones de inteligencia. Sus ganancias también se producen mediante la explotación de trabajadores mexicanos, la contratación pública y la apropiación privada de recursos generados socialmente.

Los contratos firmados por el Estado mexicano transfieren recursos públicos hacia empresas integradas a este entramado. La relación entre México e Israel tiene un contenido económico, político y de clase. La solidaridad con Palestina debe dirigirse contra los flujos de capital, los contratos, las empresas, las cadenas productivas y los aparatos estatales que convierten la ocupación y la muerte en fuentes de acumulación.

La presencia del capital israelí en México abarca el manejo del agua, la tecnificación agrícola, las telecomunicaciones, la energía, la industria farmacéutica y los sistemas de seguridad e inteligencia. Estas ramas concentran recursos naturales, infraestructura pública, información y procesos técnicos cuya operación depende de conocimientos especializados, programas informáticos, patentes, mantenimiento y actualizaciones permanentes.

El Tratado de Libre Comercio entre México e Israel, vigente desde el 1 de julio de 2000 por tiempo indefinido, estableció las condiciones jurídicas para la expansión del capital israelí en el país. Entre enero de 1999 y diciembre de 2024, México recibió 2 mil 489 millones de dólares de inversión extranjera directa procedente de Israel. De esta cantidad, 2 mil 300 millones correspondieron a nuevas inversiones, 112 millones a cuentas entre compañías y 77.1 millones a reinversión de utilidades. Durante 2024 ingresaron 44.8 millones de dólares. Los registros oficiales identifican 410 empresas con capital procedente de Israel.

La inversión israelí acumulada representa alrededor de 0.3 % de la inversión extranjera recibida por México. Su volumen resulta reducido frente al capital estadounidense, español, canadiense, alemán o japonés. Su importancia se encuentra en la posición que ocupan determinadas empresas dentro de actividades estratégicas. El control de una tecnología, una patente, un sistema de vigilancia o un componente indispensable para operar una infraestructura puede otorgar un poder mayor al que expresa su participación porcentual en la inversión total.

Los registros oficiales indican que 94.5 % del capital israelí se dirigió a la industria manufacturera, mientras los servicios de alojamiento y preparación de alimentos recibieron 2.4 % y el comercio 2.3 %. Esta clasificación permite observar dónde se registra formalmente el capital, pero oculta el contenido estratégico de algunas operaciones. Una empresa fabricante de válvulas, fertilizantes, sistemas de comunicación o programas de inteligencia aparece dentro de una rama manufacturera o de servicios, aunque sus productos se incorporen a redes de agua, instalaciones energéticas, cadenas agroalimentarias o bases de datos gubernamentales.

Manejo hídrico

La intervención israelí en la gestión del agua adquirió visibilidad durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. El 27 de noviembre de 2013, la Comisión Nacional del Agua firmó un convenio con Mekorot, empresa propiedad del Estado de Israel. El acuerdo estableció asistencia técnica para formular estrategias de protección, caracterización y remediación de acuíferos. Mekorot debía emitir opiniones sobre los métodos y criterios utilizados para evaluar la calidad del agua subterránea y capacitar al personal de Conagua.

Los trabajos posteriores se dirigieron a acuíferos afectados por la sobreexplotación, la contaminación industrial y la intrusión salina. Entre los casos documentados aparecen la Costa de Hermosillo, San Luis Río Colorado, la Comarca Lagunera, Cuautitlán-Pachuca, Tultitlán y el acuífero profundo de Iztapalapa. La segunda fase de cooperación contempló una planta piloto para la Comarca Lagunera, propuestas de remediación para Tultitlán, estudios del agua profunda en la Ciudad de México y proyectos de desalación.

El monto del convenio permanece sin comprobación pública. Una proposición presentada en el Senado en 2016 retomó estimaciones de medios internacionales que situaban la primera fase en 6 millones de dólares. El documento legislativo solicitó a Conagua los contratos, los costos, los términos de referencia, los criterios de selección y los productos entregados. La cifra debe mantenerse como una estimación citada por el Senado, pues el expediente accesible no contiene facturas, comprobantes de pago o anexos presupuestarios que acrediten su ejercicio.

La relación entre México e Israel en materia hídrica continuó mediante MASHAV, la agencia de cooperación internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí. En 2017, MASHAV y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo firmaron un memorando que contempló misiones de especialistas, capacitaciones, programación conjunta y cooperación hacia terceros países. Las actividades quedaron sujetas a la disponibilidad de recursos de cada participante y el documento estableció que su contenido expresaba una intención política sin crear obligaciones jurídicas.

MASHAV amplió posteriormente su actividad en Chihuahua. La Junta Central de Agua y Saneamiento anunció un plan de cooperación sobre detección de fugas, reúso de aguas residuales, gestión de acuíferos, remoción de arsénico y flúor, tecnificación del riego, limpieza de presas, energías renovables, reforestación y cultura del agua. Las autoridades estatales presentaron este acuerdo como parte de una estrategia de seguridad hídrica con alcance hasta 2027. La información pública describe las líneas de intervención, pero no identifica un presupuesto consolidado, los pagos realizados a especialistas, las empresas ejecutoras o los contratos derivados.

La cooperación institucional facilita la entrada posterior de proveedores. Las misiones técnicas permiten que funcionarios y especialistas mexicanos conozcan tecnologías, conceptos y modelos de administración desarrollados por instituciones israelíes. Después aparecen los equipos de medición, las válvulas, los programas de detección de fugas, las plantas de tratamiento y los servicios privados de asesoría. El convenio gubernamental y el contrato empresarial cumplen funciones diferentes, pero pueden formar parte de un mismo proceso de apertura de mercados.

BERMAD constituye un ejemplo de presencia industrial directa. La empresa opera en Lerma, Estado de México, mediante BERMAD México y comercializa válvulas, medidores, sistemas de control de presión y equipos para redes urbanas y agrícolas. Sus productos permiten regular el flujo, medir el consumo y detectar pérdidas en los sistemas de distribución. La compañía documenta operaciones en México y mantiene una filial formal, pero no publica una relación completa de los organismos operadores atendidos, los montos contratados o los equipos instalados.

IDE Technologies participa en la Refinería Olmeca de Dos Bocas, uno de los proyectos estratégicos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mediante tecnología para el tratamiento de agua. Su proyecto, respaldado por Techint, incluye una planta de pretratamiento con capacidad de 102 mil 833 metros cúbicos diarios y una planta de agua desmineralizada con capacidad de 27 mil 847 metros cúbicos diarios. El agua procesada se utiliza en las operaciones de refinación. La empresa aparece dentro de la cadena de contratistas y proveedores de Techint, sin que exista información pública suficiente para conocer el valor económico específico del componente proporcionado por IDE.

La presencia israelí en el agua se encuentra en varios niveles del proceso. Mekorot intervino en el diagnóstico de los acuíferos. MASHAV fortaleció las relaciones con autoridades federales y estatales. BERMAD comercializa dispositivos para regular las redes. IDE incorporó sistemas de tratamiento a una de las principales obras energéticas del Estado mexicano. La expansión avanza desde la producción del diagnóstico hasta el suministro de la infraestructura necesaria para aplicar las soluciones propuestas.

El agua constituye una condición material para la reproducción de la fuerza de trabajo, la agricultura, la industria, la minería y la producción energética. El control de su extracción, medición, distribución y tratamiento forma parte de la organización general de la acumulación capitalista. Las empresas que dominan estas tecnologías ocupan posiciones estratégicas porque pueden convertir el conocimiento técnico, las patentes y el mantenimiento en fuentes permanentes de ganancia.

Agroindustria

Las empresas de origen israelí participan en la agricultura mediante insumos y tecnologías para riego por goteo, fertirrigación, fertilizantes solubles, protección química de cultivos, control biológico, polinización, automatización y captura de información productiva. Su mercado principal se encuentra en la agricultura comercial, los invernaderos, los cultivos de exportación y las unidades productivas con capacidad para financiar sistemas especializados. Su expansión está vinculada con el crecimiento de la agroindustria.

Netafim representa el caso de mayor escala. La empresa surgió en Israel y convirtió el riego por goteo en una industria mundial. En 2017, Mexichem, actualmente Orbia, adquirió 80 % de Netafim por aproximadamente mil 500 millones de dólares. La operación fue financiada parcialmente mediante una emisión internacional de bonos por mil millones de dólares. Netafim conserva centros tecnológicos y una identidad empresarial vinculada con Israel, aunque su capital mayoritario pertenece desde entonces a un grupo mexicano.

Este caso exige distinguir entre el origen nacional de la tecnología y la propiedad actual del capital. Netafim nació dentro del desarrollo tecnológico israelí, pero sus principales propietarios se encuentran actualmente en México. La empresa conserva patentes, centros de investigación, cuadros técnicos y relaciones institucionales formadas en Israel. Su trayectoria muestra que el capital cambia de propietarios y fronteras mientras conserva los conocimientos, las redes comerciales y las estructuras productivas acumuladas durante etapas anteriores.

La expansión industrial de Netafim en México continuó durante 2026 con la apertura de una planta de 30 mil metros cuadrados en Hermosillo, Sonora. La instalación se convirtió en su tercer centro de producción en el país. La empresa no publicó el monto de la inversión. La producción realizada en México se integra a cadenas comerciales que abastecen al mercado nacional y a otras regiones del continente.

Rivulis sigue una trayectoria semejante. La compañía fue fundada en Israel y se encuentra actualmente bajo control de capital singapurense e indio. Instaló fábricas en León y Tijuana. La planta de León fue diseñada para producir 500 millones de metros anuales de cintas y líneas de goteo. La instalación de Tijuana fue presentada por Rivulis como la mayor fábrica de microrriego de Norteamérica. Estas plantas abastecen al mercado mexicano y a las cadenas agrícolas del continente.

Haifa Group comercializa fertilizantes hidrosolubles, nitrato de potasio, productos de liberación controlada y fórmulas para fertirrigación. Su filial mexicana atiende cultivos de campo abierto, agricultura protegida, frutales y ornamentales, y sirve como plataforma para los mercados de Centroamérica y Sudamérica. BioBee distribuye insectos benéficos, ácaros depredadores, avispas parasitoides, nematodos, feromonas y abejorros para polinización. ADAMA México participa en el mercado de herbicidas, insecticidas, fungicidas y otros productos vinculados con la producción agroindustrial.

La implantación de estas tecnologías transforma la organización material de la producción. Los equipos, las especificaciones, las refacciones, los programas de manejo y el conocimiento técnico están diseñados principalmente para la agricultura intensiva y comercial. Sin embargo, su expansión también modifica las condiciones de producción de campesinos y pequeños productores, quienes deben competir con unidades empresariales dotadas de mayores niveles de capitalización, infraestructura y productividad.

La agricultura de precisión altera la distribución del agua y del capital. Las grandes unidades agrícolas tienen mayor capacidad para invertir en sistemas automatizados, fertilizantes especializados y asesoría técnica. Los pequeños productores acceden a estas tecnologías mediante subsidios públicos, proyectos de desarrollo o créditos. En muchos casos, su incorporación significa asumir deudas y establecer una dependencia permanente respecto de proveedores de equipos, insumos y mantenimiento.

El incremento de la productividad no elimina las diferencias entre productores. Las reproduce sobre nuevas bases. Quien posee más tierra, crédito, infraestructura y acceso a los mercados puede apropiarse de los beneficios producidos por la tecnología. Quien se encuentra en una posición subordinada asume los costos de los equipos, los insumos y el financiamiento sin controlar los precios de venta de su producción.

La agricultura de precisión profundiza la subordinación del proceso agrícola a la industria. Cada etapa se convierte en un espacio de valorización para empresas externas. El agua requiere equipos de control, la nutrición vegetal depende de formulaciones privadas, el manejo de plagas se vincula con insumos especializados y la información productiva se integra a plataformas administradas por proveedores. La producción campesina queda progresivamente rodeada por mercancías, créditos y servicios que extraen una parte creciente del valor producido.

Energía, telecomunicaciones e infraestructura crítica

La presencia de empresas israelíes en el sector energético mexicano se concentra en los componentes auxiliares necesarios para operar las instalaciones. Estas compañías aparecen en el tratamiento del agua de una refinería, el respaldo eléctrico de las subestaciones y las comunicaciones satelitales utilizadas por instituciones públicas. El capital tecnológico ocupa piezas específicas dentro de sistemas más amplios y conserva el control sobre los equipos, el software, el mantenimiento y la capacitación.

GenCell ha suministrado sistemas de respaldo eléctrico mediante celdas de combustible para subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad. La compañía informó que para 2022 había entregado 74 sistemas ajustados a las especificaciones de CFE. En 2023 anunció un pedido adicional por aproximadamente 4.5 millones de dólares. Para 2024 proyectó otra operación por 4.5 millones y una opción de ampliación por una cantidad equivalente.

Estos montos corresponden a ingresos anunciados o esperados por GenCell y no representan necesariamente el costo total pagado por CFE. La contratación fue obtenida por un socio mexicano encargado de la instalación y otros servicios. GenCell entrega los sistemas y conserva la asistencia técnica. La empresa mexicana formaliza la relación con CFE, instala los equipos y recibe el pago público. Esta estructura dificulta reconstruir el costo completo, la utilidad obtenida por cada participante y las condiciones de mantenimiento.

El intermediario nacional cumple una función dentro de la expansión del capital extranjero. Permite que una empresa israelí participe en una contratación pública sin aparecer necesariamente como adjudicataria directa. La sociedad mexicana obtiene una parte del contrato y facilita el acceso a las instituciones públicas, mientras la empresa extranjera conserva la tecnología, el conocimiento y una parte de las ganancias.

Gilat Satellite Networks participa en la conectividad vinculada con CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. La empresa informó pedidos por varios millones de dólares para conectar cientos de sitios 4G mediante enlaces satelitales. El monto preciso no fue publicado. Gilat también ha trabajado con operadores privados mexicanos y empresas regionales para ampliar las redes celulares en zonas donde no existen conexiones terrestres suficientes.

La telecomunicación satelital permite conectar localidades rurales y apartadas. También constituye una infraestructura crítica por la cual circulan información gubernamental, comunicaciones empresariales y datos de los usuarios. El proveedor conserva conocimiento sobre la arquitectura de la red, sus terminales, actualizaciones y funcionamiento. La dependencia se consolida cuando el sistema requiere servicios continuos que solamente el fabricante o sus socios autorizados pueden proporcionar.

Una política presentada públicamente como un mecanismo para garantizar el acceso social a internet puede convertirse al mismo tiempo en una fuente de acumulación para capitales privados. El carácter social de la finalidad declarada no transforma la relación de propiedad que organiza la tecnología. El Estado financia la infraestructura, la empresa suministra los componentes y el proveedor mantiene el control sobre conocimientos indispensables para su operación.

Estas inversiones forman parte de las condiciones generales de la producción capitalista. Las redes eléctricas, las telecomunicaciones y el tratamiento industrial del agua permiten que los capitales individuales produzcan, circulen mercancías y coordinen sus operaciones. Las empresas que controlan componentes especializados pueden apropiarse de rentas tecnológicas derivadas de la dificultad de sustituir sus sistemas.

La industria israelí de seguridad e inteligencia

La participación israelí en México alcanza su forma más agresiva dentro de los aparatos de seguridad e inteligencia. La Embajada de México en Israel afirma que alrededor de 30 empresas israelíes de ciberseguridad operan en el país, principalmente en los sectores energético y financiero. El mismo registro menciona a Toka Cyber, InElint y Cygov como proveedoras de gobiernos, y señala que Elbit Systems y MER Group cuentan con subsidiarias mexicanas. La información diplomática confirma la existencia de esta red empresarial, pero omite los clientes, los contratos y los montos.

Las empresas israelíes ofrecen plataformas de inteligencia, sistemas de vigilancia, drones, comunicaciones cifradas, herramientas forenses, programas para extraer información de dispositivos y software capaz de penetrar teléfonos a distancia. Estas mercancías se desarrollaron dentro de una industria estrechamente relacionada con el aparato militar y de inteligencia israelí. Su comercialización internacional convierte la experiencia acumulada por ese Estado en productos destinados a policías, fuerzas armadas, agencias de inteligencia y gobiernos.

La ocupación de Palestina ha funcionado como espacio para desarrollar, utilizar y perfeccionar tecnologías de vigilancia, identificación y ataque. Las empresas comercializan posteriormente estos sistemas en otros países, presentándolos como tecnologías probadas en operaciones reales. La violencia colonial se convierte así en experiencia productiva, conocimiento técnico y valor comercial.

El caso de NSO Group muestra la dimensión económica de este mercado. En julio de 2021, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que había localizado 31 contratos relacionados con empresas vinculadas con NSO Group y el programa Pegasus. El gasto acumulado ascendió a mil 970 millones de pesos y 61.3 millones de dólares. Los recursos se destinaron a software, equipos, bases de datos, plataformas, licencias y mantenimiento. Las contrataciones utilizaron empresas intermediarias y descripciones que dificultaban identificar el sistema adquirido.

Pegasus fue utilizado contra periodistas, defensores de derechos humanos y otras personas en México. Citizen Lab verificó infecciones ocurridas entre 2019 y 2021. Documentos judiciales del litigio entre WhatsApp y NSO Group revelaron que 456 personas en México fueron atacadas entre abril y mayo de 2019, a pesar de que integrantes del gobierno encabezado por Morena habían denunciado previamente el uso de Pegasus.

La continuidad de estas operaciones durante gobiernos de diferentes partidos muestra que el problema se encuentra en la estructura y la función de los aparatos de seguridad. El Estado burgués mantiene instituciones encargadas de vigilar, clasificar y perseguir a quienes representan una amenaza para el orden existente. El cambio de administradores no elimina estas funciones ni las relaciones económicas construidas alrededor de ellas.

Rafael Advanced Defense Systems, empresa propiedad del Estado israelí, firmó en diciembre de 2015 un contrato con la Policía Federal para desarrollar y operar una plataforma de explotación de información de inteligencia. La falta de pago de 16 facturas produjo un litigio que obligó al Estado mexicano a cubrir más de 65 millones de dólares, además de intereses y gastos financieros.

La plataforma de Rafael expresa una contradicción recurrente dentro de la contratación pública. El Estado adquiere un sistema de inteligencia con recursos públicos, restringe el acceso al contrato mediante argumentos de seguridad, depende del proveedor para mantenerlo y termina pagando decenas de millones de dólares, aun cuando la utilidad efectiva del sistema sea cuestionada. La opacidad protege al fabricante, al intermediario y al funcionario responsable de la compra.

Cellebrite participa en otro segmento de este mercado. Sus herramientas permiten recuperar, extraer y analizar información de teléfonos y dispositivos digitales. En 2023, la Auditoría Superior de la Federación convocó un procedimiento para renovar y actualizar Cellebrite Digital Collector y Cellebrite Inspector. El expediente confirma que una institución federal mexicana utiliza sus programas, aunque la convocatoria no permite reconstruir el conjunto de dependencias, fiscalías y corporaciones que han adquirido tecnologías de la misma empresa.

El control de estas plataformas tiene consecuencias políticas. La información obtenida de dispositivos, comunicaciones y bases gubernamentales se ha utilizado para perseguir opositores, vigilar periodistas y recopilar inteligencia sobre organizaciones sociales. Los sistemas adquiridos con el argumento de combatir el crimen pueden dirigirse contra sindicatos, comunidades, defensores del territorio y organizaciones que enfrentan al capital.

La seguridad representa un mercado formado a partir de las contradicciones de la sociedad capitalista. La desigualdad, la violencia, el despojo territorial y la resistencia social generan una demanda permanente de vigilancia y coerción. Las empresas venden instrumentos para administrar estas contradicciones sin modificar sus causas materiales. El capital obtiene ganancias de los conflictos que el propio capitalismo produce. La información pública permite identificar parcialmente las siguientes operaciones.

Empresa	Materia	Monto documentado
Nso group, pegasus	Infección remota de teléfonos, extracción de información y vigilancia digital	Mil 970 millones de pesos y 61.3 millones de dólares. La cifra corresponde al conjunto de contratos relacionados y no necesariamente a pagos directos a nso group
Rafael advanced defense systems	Diseño, implementación y operación de una plataforma para explotar información de inteligencia	Más de 65 millones de dólares destinados a cubrir obligaciones derivadas del contrato. La cifra oficial corresponde a recursos vinculados con el pago y no necesariamente al valor completo de la plataforma
Elbit systems	Drones hermes 450 y hermes 900 equipados para vigilancia, reconocimiento, inteligencia y adquisición de objetivos	73.5 millones de dólares en las compras iniciales identificadas. Sedena pagó 25 millones por dos hermes 450 y la policía federal 48.5 millones por dos hermes 900. La cifra no incluye contratos posteriores de mantenimiento
Israel weapon industries	Armas ligeras y equipamiento militar	19 mil 927 dólares en cuatro contratos formalizados desde enero de 2024. La cifra corresponde al periodo específico reportado y no representa todas las compras históricas realizadas a la empresa
Verint systems	Interceptación y análisis de comunicaciones telefónicas y datos de internet	Se documentó una contratación de 3 millones de dólares en 2007. El departamento de estado de estados unidos informó posteriormente que ese contrato específico fue cancelado, aunque el sistema ya se encontraba instalado desde 2006 y continuaron las gestiones para ampliarlo
Cellebrite	Extracción, recuperación y análisis forense de información contenida en teléfonos y dispositivos digitales	Sin monto individual localizado. La asf publicó una convocatoria para renovar cellebrite digital collector y cellebrite inspector dentro de un paquete que incluía otros programas, por lo que el costo correspondiente a cellebrite no aparece separado

Los montos de la tabla no forman una serie homogénea y no deben sumarse mecánicamente. Algunas cantidades corresponden al valor inicial de una compra, otras a obligaciones derivadas de un contrato y otras a conjuntos de adquisiciones realizadas mediante intermediarios. Su carácter fragmentario muestra la dificultad para reconstruir un mercado protegido por la reserva de información, la intermediación y la dispersión de contratos.

Las empresas israelíes también participan en la industria del software. Amdocs mantiene en Guadalajara un centro tecnológico dedicado al desarrollo de programas y servicios para compañías de telecomunicaciones. Trabaja en facturación, operación de redes, aplicaciones digitales e inteligencia artificial. Guadalajara funciona como espacio de producción de servicios tecnológicos para México y otros mercados.

Amdocs obtiene fuerza de trabajo calificada y se integra a las cadenas globales de telecomunicaciones sin que existan datos públicos consolidados sobre su inversión acumulada o facturación nacional. La empresa se apropia del conocimiento y del valor producido por ingenieros, programadores y técnicos mexicanos, mientras las decisiones estratégicas y la propiedad intelectual permanecen bajo control corporativo.

Este aspecto debe colocarse en el centro del análisis. La inversión extranjera no es una cantidad de dinero que llega al país y produce beneficios por sí misma. Es una relación social. El capital compra fuerza de trabajo, organiza la producción y se apropia del valor generado por los trabajadores. Una parte de ese valor permanece en México bajo la forma de salarios, impuestos o compras locales. Otra parte sale mediante utilidades, regalías, intereses, pagos de licencias y operaciones entre compañías.

La urgencia de romper con el Estado de Israel

Cuando hablamos del rompimiento de relaciones con el Estado de Israel debemos partir de las condiciones materiales que sostienen económica y políticamente el genocidio sionista contra el pueblo palestino. El sionismo se reproduce mediante un Estado armado y financiado por el capital, respaldado por sus monopolios. Su capacidad militar depende de la acumulación, la explotación del trabajo, la exportación de tecnología, la contratación pública y la transferencia permanente de recursos hacia sus empresas estatales y privadas.

En México, esta relación rebasa el consumo individual de mercancías. Las empresas vinculadas con el capital israelí obtienen ganancias mediante la explotación de trabajadores mexicanos, la venta de tecnología, la adquisición de empresas, la instalación de fábricas y los contratos financiados con recursos públicos. Estos negocios han continuado bajo gobiernos de distintos partidos porque todos administran el mismo Estado burgués y preservan las condiciones generales de acumulación del capital.

Mientras se pronuncian condenas diplomáticas o llamados humanitarios, las instituciones mexicanas mantienen contratos, licencias, compras militares, sistemas de vigilancia y acuerdos de cooperación que fortalecen a empresas relacionadas con el Estado israelí. Las declaraciones de solidaridad pierden contenido cuando el presupuesto público continúa financiando contratos y tecnologías producidas dentro del complejo militar y empresarial del sionismo.

El sector de seguridad e inteligencia expresa con mayor claridad la unidad entre acumulación, imperialismo y violencia estatal. Palestina, y particularmente Gaza, ha sido utilizada como espacio para experimentar y perfeccionar armas, drones, sistemas de vigilancia y programas de espionaje que posteriormente se comercializan bajo la garantía de haber sido probados en operaciones reales. El Estado mexicano compra esas mismas tecnologías para ampliar sus capacidades de control, vigilancia y represión.

Los instrumentos desarrollados contra el pueblo palestino regresan como mercancías que permiten espiar periodistas, defensores de derechos humanos, sindicatos y organizaciones que enfrentan al capital en México. La misma tecnología sirve para sostener la ocupación colonial en Palestina y fortalecer los aparatos coercitivos del Estado mexicano.

Las campañas de boicot cumplen una función limitada cuando exponen empresas, cuestionan la normalización del sionismo y afectan determinadas ventas. Su límite aparece cuando la lucha queda reducida a la elección individual del consumidor. Aunque organizaciones como BDS han impulsado también campañas de desinversión y sanciones institucionales, su estrategia no coloca en el centro la contradicción entre capital y trabajo ni la organización de la clase trabajadora.

El capital no depende únicamente de que una persona compre o deje de comprar una mercancía. Se reproduce en la fábrica, el banco, el contrato estatal, la explotación cotidiana de la fuerza de trabajo y la apropiación privada del excedente. Una campaña concentrada en el consumo puede ejercer presión política, pero no transforma por sí misma las relaciones de propiedad que permiten al capital reorganizarse, cambiar de intermediarios y trasladar sus operaciones hacia otros mercados.

Sin una política dirigida hacia la clase trabajadora, el boicot puede convertirse en una forma de presión moral que modifica hábitos de consumo sin alterar las bases materiales del poder. Las empresas cambian de nombre, accionistas, intermediarios o mercados. Los contratos se firman mediante sociedades mexicanas. El capital circula por filiales establecidas en terceros países. La lucha contra el sionismo debe asumir la lucha contra el capitalismo y actuar sobre el punto donde se produce la ganancia. Ese punto se encuentra en el trabajo explotado y en la propiedad capitalista de los medios de producción.

El rompimiento de relaciones diplomáticas, comerciales y militares con Israel constituye una medida necesaria. Debe incluir la cancelación de contratos públicos, acuerdos de cooperación, compras de armamento, licencias de espionaje y transferencias de tecnología. También debe impedir que empresas vinculadas con el aparato militar israelí continúen obteniendo recursos del presupuesto mexicano.

Estas medidas permanecen bajo control del Estado burgués y pueden ser revertidas por cualquier gobierno cuando cambien las condiciones políticas o los intereses de las fracciones dominantes. La experiencia mexicana muestra que gobiernos de diferentes partidos han conservado contratos, adquisiciones y relaciones con empresas israelíes. La continuidad responde a las necesidades del capital y a las funciones del Estado, no únicamente a la voluntad política de un gobernante.

La medida decisiva se encuentra en la organización independiente de la clase trabajadora. Las fábricas, instalaciones, redes comerciales y activos de las empresas vinculadas con el capital israelí deben ser expropiados sin indemnización y colocados bajo control de sus trabajadores. La tecnología, las patentes y la infraestructura deben dejar de funcionar como propiedad privada destinada a la acumulación y convertirse en medios administrados colectivamente para atender necesidades sociales.

Esta perspectiva transforma la solidaridad con Palestina en una lucha directa contra las relaciones económicas que sostienen al sionismo. La expropiación no debe trasladar la propiedad desde una corporación extranjera hacia una fracción de la burguesía mexicana. Debe colocar los medios de producción bajo control de quienes trabajan en ellos y articular su administración con una planificación dirigida a satisfacer necesidades sociales.

La clase trabajadora mexicana posee la capacidad material para interrumpir estas relaciones. Puede negarse a producir, transportar, instalar, mantener o financiar mercancías y tecnologías vinculadas con el aparato militar israelí. Puede exigir la apertura de los contratos, identificar a los intermediarios, organizarse dentro de las empresas y disputar el control de la producción. La solidaridad adquiere una fuerza distinta cuando abandona el terreno exclusivo del consumo y entra en la fábrica, el puerto, la oficina pública, el banco, la universidad y el sindicato.

La lucha del pueblo palestino está unida a la lucha internacional de la clase trabajadora contra el capitalismo y el imperialismo. El sionismo no será derrotado únicamente mediante sanciones diplomáticas o decisiones individuales de consumo. Su derrota exige destruir las relaciones materiales que lo reproducen, expropiar al capital que obtiene ganancias de la ocupación y desmantelar los aparatos estatales que protegen esas ganancias.

El internacionalismo proletario encuentra allí su contenido concreto. La lucha del pueblo palestino y la lucha de los trabajadores mexicanos forman parte del mismo combate contra un sistema que convierte la tierra, el agua, el trabajo, la tecnología y la vida humana en medios para la acumulación.

Referencias.