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La lucha de los pueblos es una lucha contra el capitalismo

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Militante
hace 2 días
5 min de lectura

Por Neftalí Ricardo


El 12 de septiembre de 2026, una joven originaria de Petecbiltún resultó gravemente herida y otro joven perdió la vida después de que ambos fueran atropellados en la carretera Umán-Tebec por un volquete utilizado para transportar material pétreo. El hecho provocó que habitantes de Tebec, Petecbiltún y Hotzuc instalaran retenes para impedir el paso de vehículos pesados y exigir el cierre de los bancos de materiales que operan en la zona. Desde años anteriores, las comunidades habían denunciado explosiones, polvo, daños en viviendas, deterioro de caminos, afectaciones al agua y circulación constante de volquetes y góndolas por vías compartidas con motocicletas, triciclos, mototaxis y vehículos particulares. En noviembre de 2025, habitantes de Tebec presentaron una denuncia ante Semarnat y Profepa por las afectaciones atribuidas a Procon, Materiales Anillo Periférico y Materiales Ku.


En Tebec se enfrentan dos formas antagónicas de relacionarse con el territorio. Para las comunidades, en el territorio se desarrollan la vivienda, la movilidad, el trabajo y las relaciones comunitarias. Para el capital, ese mismo territorio aparece como depósito de materias primas, ubicación industrial y plataforma para la circulación de mercancías. El conflicto surge porque la reproducción de la vida comunitaria queda subordinada a las necesidades de la acumulación privada.


Lo importante en este caso es poder ver el fenómeno desde un punto más alto, es decir, romper con el esquema que pretende presentar el conflicto como algo particular entre una comunidad y una empresa determinadas, y elevar el análisis para entender cómo esta empresa forma parte de un entramado que ocasiona daños ambientales en distintas comunidades y genera su riqueza a partir de la explotación de la clase trabajadora que las habita y de las cuales extrae las materias primas.


Procon forma parte del Grupo Empresarial San Francisco de Asís, un conglomerado yucateco que participa en la industria de la construcción, los supermercados, el comercio automotriz y los desarrollos inmobiliarios. La planta bloquera RAM, instalada en el complejo industrial de Procon en Tebec, expresa la escala alcanzada por ese proceso de concentración. La fábrica representó una inversión declarada de 178 millones de pesos y cuenta con capacidad para producir 29 millones de piezas al año. Sus productos se comercializan en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz. El territorio de Tebec ha sido incorporado así a un circuito regional de acumulación que rebasa ampliamente las necesidades económicas de la comunidad. Estamos frente a un monopolio local.


Este carácter local resulta políticamente relevante. Una parte de las luchas territoriales ha concentrado su crítica en empresas extranjeras y corporaciones trasnacionales, como si el origen nacional del capital modificara las relaciones de explotación. El caso de Procon demuestra lo contrario. La burguesía regional también convierte la tierra y los bienes naturales en medios para la acumulación, concentra los beneficios de la producción y transfiere sus costos a los pueblos. Su arraigo yucateco puede fortalecer su legitimidad, sus relaciones políticas y su capacidad para presentarse como generadora de empleo y desarrollo. Nada de ello elimina su carácter capitalista.


La contradicción fundamental no enfrenta al capital extranjero con el capital nacional. Enfrenta a quienes controlan los medios de producción con quienes dependen de su trabajo y del territorio para reproducir su existencia. La defensa de Tebec forma parte de la lucha contra el capitalismo concreto que actúa en la península, con empresarios locales, capital acumulado regionalmente y relaciones construidas durante décadas con las instituciones estatales.


El Estado desempeña una función activa y nada neutral dentro de este proceso. En 2024, el entonces gobernador Mauricio Vila participó en la inauguración de la planta RAM. Durante el acto, Ricardo Abraham Mafud, líder del monopolio, reconoció el apoyo de las autoridades para concretar el proyecto. En febrero de 2026, el gobernador Joaquín Díaz Mena se reunió con el Consejo del Grupo Empresarial San Francisco de Asís para conocer sus nuevas inversiones y promover la ampliación de la producción de agregados, bloques y prefabricados. La relación entre el grupo y el gobierno se ha mantenido a través de administraciones de distinto signo partidista.


También existe evidencia histórica de contratos públicos. Productos de Concreto Peninsulares, razón social vinculada comercialmente con Procon, suministró materiales de construcción a la Universidad Autónoma de Yucatán en 2011 y 2012. CompraNet registra cinco contratos otorgados a esta empresa entre 2004 y 2008, por un monto nominal conjunto de 16,8 millones de pesos, principalmente para suministrar paquetes de materiales destinados a programas estatales de vivienda.


Estos hechos demuestran una relación en la que el Estado actúa como promotor de inversiones, facilitador de condiciones productivas y comprador de mercancías. Frente a las comunidades, el mismo aparato estatal demoró la atención de las denuncias y reaccionó cuando la muerte y los bloqueos hicieron imposible prolongar su inacción. Esta conducta no expresa una simple incapacidad administrativa. Revela lo afirmado por Engels, Marx y Lenin, según quienes el Estado es un órgano de dominación de clase.


Las clausuras decretadas después del accidente representan una conquista de la movilización, pero tienen un alcance limitado. El cierre temporal de una planta o banco de materiales no desarticula el poder económico del Grupo San Francisco de Asís. El capital conserva maquinaria, redes comerciales, recursos financieros, relaciones institucionales y otras ramas empresariales. Puede enfrentar una suspensión parcial mientras mantiene intacta su capacidad general de acumulación o puede simplemente cambiar sus instalaciones a otra comunidad.


La lucha jurídica y administrativa es necesaria para defender a las comunidades, detener operaciones y exigir responsabilidades, pero sus límites aparecen cuando toda la resistencia queda reducida a permisos, inspecciones, amparos y mesas de diálogo. Una empresa puede renovar una licencia, pagar una sanción o incorporar medidas técnicas sin transformar la relación que subordina el territorio a la ganancia. El problema de fondo persiste mientras permanezca el control privado sobre los medios de extracción, producción y circulación. A esta desigualdad material se suma el riesgo de criminalización. Las comunidades han denunciado amenazas, posibles acciones judiciales y referencias a grupos de choque contra quienes mantienen los retenes. Estos señalamientos aún no han sido acreditados por una autoridad y deben presentarse como denuncias. Su contenido, sin embargo, muestra el intento de trasladar la responsabilidad del conflicto hacia quienes interrumpen la circulación de mercancías. La comunidad que protege sus caminos puede ser presentada como enemiga del empleo, la inversión y el desarrollo, mientras la explotación del territorio aparece como una actividad legítima.


Esta lucha tampoco debe dirigirse contra los trabajadores de Procon. Quienes conducen, operan maquinaria o laboran en las plantas venden su fuerza de trabajo y permanecen subordinados a las decisiones de los propietarios. La falta de alternativas económicas permite que el empleo sea utilizado para dividir a las comunidades y legitimar la presencia empresarial. Una política de clase debe unir a los pueblos afectados con los trabajadores expuestos a la explotación y a los riesgos laborales, separando con claridad sus intereses de los intereses de la burguesía propietaria.


Lo ocurrido en Tebec demuestra que la defensa del territorio rebasa la exigencia de una minería responsable o apegada al derecho. Mientras la extracción, la transformación industrial y la comercialización permanezcan subordinadas a la ganancia privada, la presión sobre la tierra, el agua y los caminos continuará. El adversario no es únicamente un banco de materiales ni una empresa que incumple permisos. Es un sistema productivo que concentra medios de producción y cuyos intereses están protegidos por el Estado. Por ello, la defensa del territorio debe vincularse con una lucha más amplia contra el capitalismo.



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