La criminalización de la defensa del territorio y el carácter de clase del Estado

Por Neftalí Ricardo

La reciente vinculación a proceso de Guillermo y Cecilio en Ixil, así como la persecución judicial contra Wilberth en Santa María Chi, forman parte de un mismo fenómeno político que atraviesa desde hace varias décadas el país, la criminalización de quienes protestan contra el capital.

Los casos de Ixil, Santa María Chi, Sisal, Kinchil, Santa Gertrudis Copó, Molas, Dzitnup y otras comunidades en la península de Yucatán, expresan una dinámica profunda relacionada con el proceso de reordenamiento territorial y la relocalización industrial o nearshoring impulsado por el capital sobre la península de Yucatán. La expansión inmobiliaria, turística, industrial y agroindustrial requiere tierra, agua y control territorial, y para garantizar ese proceso el Estado despliega mecanismos jurídicos, administrativos y políticos que favorecen los intereses de los monopolios.

La acusación de despojo contra Guillermo y Cecilio revela claramente esta contradicción. Campesinos que históricamente han trabajado y habitado esas tierras son convertidos jurídicamente en delincuentes, mientras los intereses empresariales aparecen protegidos por el aparato legal. Lo mismo ocurre con Wilberth, perseguido penalmente por encabezar la defensa territorial en Santa María Chi frente a las megagranjas vinculadas a Grupo KUO/Kekén.

Estos casos demuestran que el Estado no actúa por encima de las clases sociales ni se mantiene neutral frente a los conflictos territoriales. Las políticas de reordenamiento territorial, la relocalización de empresas y la expansión de proyectos de infraestructura sobre suelo peninsular demuestran que el aparato estatal opera garantizando las condiciones necesarias para la acumulación de capital y la protección de los monopolios.

Sin embargo, una parte importante de las luchas territoriales en Yucatán ha quedado atrapada dentro de los límites de la lucha legal. Durante años, muchas comunidades de la mano con asociaciones civiles han convertido lo jurídico, que puede ser un medio de lucha importante, en el único medio de lucha existente. Esto ha generado la ilusión de que el Estado puede resolver de manera imparcial una contradicción que en realidad surge de los propios intereses económicos y políticos que el mismo Estado protege.

Las consultas, amparos, litigios y recursos legales han permitido frenar temporalmente algunos proyectos o evidenciar irregularidades, pero también han producido desgaste, fragmentación y aislamiento político. Mientras las comunidades enfrentan audiencias interminables, carpetas de investigación y procesos judiciales, los monopolios continúan expandiéndose sobre el territorio.

Las condiciones actuales comienzan a mostrar la necesidad de superar la dispersión y avanzar hacia formas organizativas más amplias y con objetivos políticos claros. La defensa territorial no puede permanecer limitada a conflictos locales separados entre sí ni depender exclusivamente de recursos jurídicos. La lucha legal puede acompañar la resistencia, pero no puede sustituir la organización política de la clase trabajadora del campo y la ciudad.

La maduración de estos conflictos evidencia la necesidad de construir un frente de lucha capaz de enfrentar de manera conjunta a los monopolios que despojan territorios, destruyen recursos naturales y explotan a la población trabajadora. La defensa del agua, la tierra y los recursos naturales no puede separarse de la lucha contra el poder económico que reorganiza el territorio según las necesidades de acumulación privada.

Frente a esta situación, exigimos el retiro inmediato de los cargos contra Guillermo, Cecilio y Wilberth, así como el cese de toda forma de criminalización contra quienes defienden sus comunidades y territorios.

Defender la tierra no es un delito. Delito es destruir el territorio para sostener las ganancias de los monopolios mientras se persigue a quienes resisten.