Defensa del territorio en la península de Yucatán

Por Neftalí Ricardo

La defensa del territorio en la península de Yucatán expresa una contradicción creciente entre las formas comunitarias de reproducción de la vida y el avance del capital agroindustrial sobre la tierra, el agua y la producción rural. La expansión de las megagranjas porcinas forma parte de un proceso más amplio de reorganización territorial mediante el cual los monopolios agroindustriales subordinan territorios completos a las necesidades de acumulación privada. En este proceso, el territorio deja de ser entendido como espacio de vida comunitaria y se transforma en mercancía, fuente de extracción hídrica y plataforma para la producción intensiva orientada al mercado.

Frente a este avance, múltiples comunidades mayas, colectivos ambientales y organizaciones locales han desarrollado procesos de resistencia para defender cenotes, acuíferos, selvas y condiciones básicas de existencia. Sin embargo, gran parte de estas luchas permanece encerrada dentro de límites locales y defensivos. Cada conflicto se concentra en una granja específica, en una autorización ambiental concreta o en una afectación inmediata, mientras el modelo agroindustrial continúa expandiéndose sobre el conjunto del territorio peninsular.

La principal limitación de estas resistencias radica en la ausencia de una estrategia política capaz de comprender el carácter estructural del problema. Muchas luchas territoriales parten de demandas legítimas y necesarias, pero frecuentemente carecen de una teoría concreta que permita explicar la naturaleza del Estado, las relaciones entre capital y territorio y la lógica de expansión permanente del agrocapitalismo. Como consecuencia, las luchas quedan atrapadas en el espontaneísmo, respondiendo únicamente a agresiones inmediatas sin desarrollar una orientación política más amplia.

Esto produce una ilusión constante de que el Estado burgués puede actuar como árbitro neutral entre comunidades y monopolios agroindustriales. La lucha termina desplazándose hacia tribunales, consultas, permisos y mecanismos administrativos, como si el problema fundamental fuera únicamente el incumplimiento de normas ambientales y no la propia estructura económica que necesita destruir territorios para sostener la acumulación de capital. De esta forma, las resistencias corren el riesgo de subordinarse políticamente al mismo aparato estatal que garantiza las condiciones generales para la expansión de los monopolios.

El caso de Santa María Chi ilustra claramente esta contradicción. La clausura total de la megagranja fue presentada como una victoria histórica de la lucha comunitaria. Algo parecido pasó con la granja de Homún que fue clausurada, pero otras más fueron abiertas, al final, mientras una granja cierra operaciones, el Grupo KUO continúa manteniendo más de quinientas granjas en distintas regiones de la península de Yucatán. Esto revela el límite de las luchas aisladas y localizadas. La victoria parcial no modifica las condiciones estructurales del modelo agroindustrial ni afecta el poder económico de los monopolios que dominan la producción porcícola. El capital puede absorber derrotas parciales porque conserva intacta su capacidad general de reproducción territorial y económica.

El problema no consiste en que las luchas obtengan victorias parciales. Toda resistencia concreta representa un esfuerzo real de defensa comunitaria. La contradicción aparece cuando esas luchas se convierten en fines en sí mismas y no logran transformarse en un proceso político superior. Entonces la organización gira permanentemente alrededor de litigios, reuniones, comunicados, mesas de diálogo y trámites institucionales. Poco a poco, la energía colectiva se consume en la administración del conflicto, mientras la reorganización territorial del capital continúa avanzando a escala regional.

A esto se suma la fragmentación organizativa. Existen múltiples colectivos, ONGs, organizaciones ambientales y grupos comunitarios que intervienen en los conflictos territoriales, pero frecuentemente actúan de manera dispersa y limitada a coyunturas específicas. La suma de pequeñas luchas no produce automáticamente una fuerza capaz de confrontar el modelo agroindustrial en su conjunto. Por el contrario, la dispersión facilita el desgaste político, la burocratización y el aislamiento de las comunidades.

En muchos casos, incluso el lenguaje de la resistencia queda atrapado dentro de horizontes reformistas. Se exige una “producción responsable”, “mejores regulaciones” o “granjas sustentables”, como si el problema pudiera resolverse mediante una gestión más eficiente del mismo modelo productivo. Sin embargo, la destrucción ambiental no constituye un accidente externo al agrocapitalismo, sino una consecuencia necesaria de su lógica de acumulación. La sobreexplotación del agua, la concentración territorial y la degradación ecológica forman parte de las condiciones materiales que permiten maximizar ganancias y reducir costos de producción.

Además, las propias condiciones de pobreza y abandono rural generan divisiones internas dentro de las comunidades. Las empresas ofrecen empleo, infraestructura y circulación de dinero en regiones donde las posibilidades materiales de subsistencia han sido históricamente debilitadas. Así, la lucha territorial se desarrolla también al interior de las comunidades, donde distintos sectores enfrentan necesidades inmediatas de sobrevivencia económica. Mientras algunos defienden el territorio y el agua, otros consideran inevitable integrarse al modelo agroindustrial para garantizar ingresos y estabilidad material.

Por ello, la defensa territorial no puede sostenerse únicamente sobre la denuncia ambiental o la resistencia jurídica. Requiere construir formas organizativas capaces de superar el espontaneísmo, romper la fragmentación localista y desarrollar una comprensión política del conflicto territorial como expresión de relaciones de clase. También exige construir alternativas materiales de producción y reproducción comunitaria que permitan reducir la dependencia económica respecto al capital agroindustrial.

Cuando la defensa del territorio comienza a discutir quién controla la tierra, el agua y la producción, es decir, cuando se pone sobre la mesa la propiedad de los medios de producción, la lucha deja de limitarse a la oposición contra proyectos específicos y se transforma en una disputa más profunda sobre la organización material de la vida social en el campo.

Lo que está en juego en la península de Yucatán no es solamente la instalación de una granja o la contaminación de un cenote. Se disputa el control del territorio, de los bienes comunes y de las condiciones materiales de existencia de las comunidades rurales frente al avance de los monopolios agroindustriales y del capital sobre el campo mexicano.

La lucha contra las megagranjas ha demostrado que las victorias aisladas no son suficientes para detener el avance del capital agroindustrial. Mientras una granja cierra, cientos más continúan operando porque el problema no es únicamente un proyecto específico, sino el dominio de los monopolios sobre la tierra, el agua y la producción.

Por ello, la defensa del territorio no puede limitarse a luchas locales, litigios jurídicos o consultas aisladas. Se vuelve necesario construir organización entre trabajadores y trabajadoras del campo para enfrentar de manera conjunta a los monopolios agroindustriales. Debemos pasar de un pueblo contra una granja, a la lucha de la clase trabajadora de los pueblos contra un modelo económico que convierte el territorio en mercancía.

Sin unidad política y organización de clase las resistencias seguirán fragmentadas y el capital continuará reorganizando el territorio según sus intereses. La defensa real del territorio exige transformar la lucha dispersa en una fuerza organizada capaz de disputar los medios de producción y ponerlos al servicio de los pueblos y no de los monopolios.