Cuando el Estado Criminaliza a quien protesta

Por: Luna Grajales

El encarcelamiento de Yahari Brito ha dejado de ser únicamente un proceso penal para convertirse en un símbolo de la lucha contra la criminalización de la protesta en Campeche.

Para colectivos de luchas sociales y personas defensoras de derechos humanos, su caso representa el de una presa política: una mujer cuya privación de la libertad estaría vinculada a su constante participación en movimientos sociales y a sus críticas hacia el poder.

Yahari, muralista, y activista, participó durante años en causas como la reducción de la jornada laboral a 40 horas, la defensa de los derechos de las mujeres, la solidaridad con Palestina y la exigencia de justicia para las personas desaparecidas. Cabe destacar que antes de su detención ya había denunciado amenazas, hostigamiento y actos de intimidación relacionados con su labor política y social.

El 8 de marzo fue detenida durante las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Actualmente enfrenta un proceso por el delito de tentativa de homicidio, motín y daños en propiedad privada. Sin embargo, Yahari, su defensa y diversas organizaciones sostienen que la acusación carece de pruebas suficientes y que el proceso ha estado marcado por presuntas irregularidades. Desde prisión, su mensaje ha sido contundente: "Estoy presa sin pruebas." Las autoridades, por su parte, mantienen el proceso judicial en curso, cuya resolución corresponde a los tribunales.

El caso plantea una pregunta que va más allá de un expediente judicial: ¿qué ocurre cuando el aparato del Estado se utiliza, según denuncian organizaciones sociales, para perseguir a quienes incomodan al poder? Para quienes respaldan a Yahari, su encarcelamiento busca enviar un mensaje de miedo a quienes se organizan, protestan y cuestionan las estructuras políticas y económicas existentes.

La situación adquiere mayor gravedad porque Yahari cursa un embarazo de alto riesgo. Diversos colectivos han solicitado que se sustituya la prisión preventiva por una medida cautelar menos restrictiva, argumentando que el Estado tiene la obligación de garantizar su derecho a la salud, proteger la vida de su bebé y respetar el debido proceso.

Más que la historia de una sola mujer, el caso de Yahari Brito refleja, para amplios sectores del movimiento social, la disputa entre un pueblo que exige justicia y un sistema que, denuncian, responde con persecución hacia quienes se organizan. Por ello, la exigencia continúa siendo clara: un proceso transparente, pleno respeto a los derechos humanos y que ninguna persona sea castigada por ejercer su derecho a la protesta y a la organización popular.