Campeche, protesta social y la persistencia de la represión

Por: Redacción de Chak Sáastal.

Campeche ha sido, históricamente, un territorio donde la protesta enfrenta respuestas marcadas por la criminalización, la negación del diálogo y el señalamiento público de quienes incomodan al gobierno. Esto no significa que el resto del país esté exento de esas prácticas. El Estado mexicano, en su conjunto, ha recurrido reiteradamente a mecanismos de contención violenta frente a sus adversarios. En Campeche estos episodios muestran una continuidad que obliga a analizarlos como parte del desarrollo político del propio Estado en la entidad.

Los acontecimientos posteriores a la marcha por el Día de la Mujer Trabajadora vuelven a colocar este problema en el centro del debate. Tras la movilización, el gobierno estatal anunció procesos penales contra manifestantes. En su programa de revista “El Martes del Jaguar”, la gobernadora Laida Sansores informó que dos personas enfrentarán cargos por homicidio calificado en grado de tentativa, mientras que otras mujeres que realizaron pintas en edificios públicos podrán seguir su proceso en libertad, sujetas al pago de daños. Además, advirtió que cualquier atraso en dichos pagos podría derivar en su detención y mencionó que continúan las investigaciones contra otras participantes que aún no han sido arrestadas.

La escena es políticamente significativa. La misma figura que debe su popularidad y su “fama” de rebelde a la represión que sufrió en 1997 y que denunció espionaje, hoy encabeza un gobierno que activa la maquinaria punitiva contra una protesta social. El problema no es quién ocupa el cargo, sino el modo en que el aparato estatal responde ante la movilización, pues mientras el Estado siga en manos de la burguesía, cualquiera de sus gestores tendrá la misma respuesta represiva en contra de quienes se les opongan.

Hace aproximadamente dos años, cuando un sector del cuerpo policiaco se amotinó contra la Secretaría de Seguridad Pública, trascendieron comunicados donde se señalaba que la policía realizaba labores de inteligencia contra personas y grupos críticos del gobierno. Se habló de infiltración en marchas mediante agentes vestidos de civil encargados de identificar a quienes debían ser detenidos en caso de recibir la orden. Aunque sabemos que esto es parte del quehacer de la policía, no puede ni debe ignorarse en el contexto actual.

El Estado concentra el monopolio de la violencia y lo ejerce a través de sus cuerpos armados, sus cárceles y su sistema judicial. Gobernado por una u otra administración, sigue siendo el instrumento mediante el cual se garantiza la dominación de clase.

No obstante, un análisis serio también exige autocrítica desde el campo de la movilización social. La represión puede operar con mayor facilidad cuando existe fragmentación organizativa y predominio de acciones espontáneas sin coordinación estratégica. En Campeche existen grupos organizados, sin embargo actúan con voluntades aisladas, sin una articulación real entre sí y, en ocasiones, sin siquiera conocerse mutuamente. En ese escenario, la infiltración resulta más sencilla. Es completamente posible que agentes del propio Estado se presenten como parte de un grupo cuando no existe una organización unificada capaz de reconocer a sus integrantes y establecer mecanismos de confianza.

El espontaneísmo, además, limita la capacidad de respuesta. No solo debilita los mecanismos de seguridad que puede haber en una marcha, sino que le es complejo mantener a toda costa a salvo a nuestras compañeras y compañeros.

El análisis posterior a las detenciones confirma esta debilidad. Cada persona arrestada tuvo que enfrentar su proceso de manera prácticamente individual. Fueron amistades cercanas y familiares quienes buscaron abogados o reunieron recursos para su liberación. No existió un respaldo político orgánico y coordinado que asumiera colectivamente la defensa. Esa dispersión no sólo debilitó la respuesta, sino que abrió espacio a acusaciones cruzadas entre distintos grupos y sembró desconfianza en la opinión pública.

El efecto es evidente. Se instala el temor a participar en futuras movilizaciones. Desincentivar la organización y sembrar miedo forma parte del ejercicio del poder estatal y es la intención esencial de las detenciones.

La organización desde posiciones clasistas es una necesidad histórica. A medida que se agudizan las contradicciones de clase y aumenta la confrontación entre quienes viven de su trabajo y quienes viven del trabajo ajeno, la correlación de fuerzas exige mayores niveles de articulación, coordinación y claridad política. Sin unidad y dirección común, la protesta se vuelve vulnerable. Con organización, la represión no se elimina, pero si encuentra mayores límites.