¿Es la tarea histórica de la clase trabajadora detener el avance de la ultraderecha?

Por Neftalí Ricardo.

En las discusiones políticas contemporáneas se afirma que la principal tarea política en México y América Latina consiste en detener el avance de la derecha y la ultraderecha. Buena parte de las organizaciones progresistas, partidos que se reivindican de izquierda e incluso sectores académicos presentan el escenario político como una disputa entre dos proyectos históricos claramente diferenciados. Bajo esta premisa, cada elección aparece como una confrontación decisiva entre democracia y autoritarismo, entre justicia social y neoliberalismo o entre izquierda y derecha. El triunfo de una fuerza política de izquierda suele interpretarse como un freno al avance del capital y una conquista para la clase trabajadora; la victoria de la derecha, por el contrario, se presenta como una amenaza inmediata para los derechos sociales y las condiciones de vida de las mayorías.

Sin embargo, antes de discutir si la derecha o la ultraderecha avanzan en América Latina, conviene preguntarse si los conceptos mediante los cuales se formula esa discusión continúan siendo suficientes para explicar la realidad concreta de las disputas políticas. Un concepto conserva valor analítico mientras refleja relaciones necesarias y objetivas de la realidad. Cuando deja de hacerlo, puede seguir siendo útil para organizar el debate político, pero pierde capacidad para explicar el fenómeno que pretende describir.

Si el objetivo consiste en comprender científicamente el funcionamiento del Estado, el punto de partida no puede ser la autodefinición ideológica de los partidos. Un partido puede declararse progresista, liberal, conservador o libertario y, sin embargo, reproducir las mismas relaciones fundamentales de producción que otro partido situado en el extremo opuesto del espectro ideológico. En ese caso, las diferencias no se encontrarían en el modo de producción que sostienen, sino en las formas concretas mediante las cuales administran un mismo modo de producción.

Para explorar esto resulta útil comparar dos gobiernos que aparecen habitualmente como polos opuestos del escenario latinoamericano. Por un lado, el gobierno de Javier Milei en Argentina, presentado como una expresión de la nueva ultraderecha mundial. Por otro, el gobierno de Claudia Sheinbaum en México, que se reivindica como continuidad de un proyecto progresista y de izquierda.

En el plano discursivo las diferencias parecen profundas. Milei habla de reducir el tamaño del Estado, abrir la economía al mercado mundial y desmontar las regulaciones que, a su juicio, frenan la iniciativa privada. Sheinbaum coloca el bienestar, la justicia social y la rectoría del Estado como ejes de su proyecto político. Si el análisis permaneciera en el nivel del discurso, la conclusión parecería evidente. Se trataría de dos proyectos históricos incompatibles. No obstante, el panorama comienza a modificarse cuando el análisis se desplaza hacia los instrumentos concretos del Estado.

En materia económica ambos consideran que la inversión privada constituye un componente indispensable del desarrollo nacional. El gobierno argentino impulsó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, redujo impuestos y ofreció estabilidad jurídica y fiscal para atraer capital nacional y extranjero. El gobierno mexicano, mediante el Plan México y los polos de desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ofrece exenciones del 100% del Impuesto Sobre la Renta durante los primeros tres años y reducciones de hasta 90% en los tres años siguientes para determinados proyectos de inversión. Aunque el lenguaje político utilizado para justificar estas medidas es distinto, la función económica resulta semejante. En ambos casos el Estado actúa como organizador, facilitador y promotor de la inversión privada.

La estructura de la propiedad tampoco experimenta modificaciones sustanciales. En México el Estado conserva un porcentaje de empresas estratégicas como PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad, mientras el resto de la economía continúa descansando sobre la propiedad privada de los medios de producción y la inversión privada nacional y extranjera. En Argentina la orientación es más favorable a la privatización y a la reducción del sector público empresarial. Sin embargo, en ninguno de los dos casos se plantea sustituir la propiedad privada como fundamento del sistema económico. La diferencia radica en el grado de intervención estatal, no en la naturaleza del modo de producción.

Algo semejante ocurre con el sistema financiero. Ambos gobiernos mantienen la integración de sus economías al sistema financiero internacional, administran la deuda pública dentro de los mecanismos del mercado mundial y consideran indispensable preservar condiciones de estabilidad macroeconómica para garantizar el flujo de inversiones. Las estrategias son diferentes, pero ninguna rompe con la lógica financiera del capitalismo.

Las diferencias laborales tampoco son muy diferentes. México ha incrementado significativamente el salario mínimo, pero este aún no es suficiente para cubrir el costo de la canasta básica, mientras Argentina avanza hacia una mayor flexibilización del mercado de trabajo. Sin embargo, ambos conservan el trabajo asalariado como fundamento de la organización productiva y ambos presentan bajos niveles de sindicalización, salarios limitados y condiciones de precarización para amplios sectores de la fuerza de trabajo.

La inserción internacional ofrece un resultado semejante. Aunque Milei mantiene un alineamiento político explícito con Estados Unidos e Israel y el gobierno mexicano reivindica una política exterior basada en la soberanía nacional, ambos países dependen en gran medida de la inversión estadounidense y mantienen relaciones económicas, comerciales, tecnológicas y de seguridad con esos mismos actores internacionales. Las estrategias nacionales continúan considerando la inversión extranjera como un elemento esencial para el crecimiento económico.

El conjunto de estas observaciones no pretende sostener que ambos gobiernos sean idénticos. Existen diferencias importantes, pero dichas diferencias se sitúan en el nivel de la gestión del capitalismo y no en el modo de producción. Ambos gobiernos preservan la propiedad privada como eje de la economía, promueven la inversión privada, participan activamente en el mercado mundial, administran la deuda pública dentro del sistema financiero internacional y mantienen el trabajo asalariado como base de la producción.

Visto de este modo, la pregunta inicial adquiere un significado distinto. La contradicción principal ya no puede formularse exclusivamente como una confrontación entre izquierda y derecha. La cuestión fundamental consiste en determinar si las alternativas políticas disponibles representan proyectos históricos diferentes o distintas modalidades de administración del mismo sistema económico.

Esta observación tiene consecuencias políticas relevantes. Si la competencia electoral se desarrolla entre proyectos que comparten las relaciones fundamentales del capitalismo, la clase trabajadora queda restringida a elegir entre distintas formas de gestionar un mismo orden social y por consiguiente no tiene en la vía electoral una representación de sus intereses. La disputa electoral puede modificar el ritmo de las reformas, el tamaño del Estado, la intensidad de la redistribución o el tipo de política exterior, pero no necesariamente altera las relaciones de producción sobre las cuales descansa la acumulación del capital.

Desde esta perspectiva, la tarea histórica de la clase trabajadora no puede reducirse a impedir el avance electoral de la derecha o de la ultraderecha. Esa lucha puede tener importancia en determinados momentos históricos y en escenarios concretos. Sin embargo, si el horizonte político permanece limitado a escoger entre distintas formas de administrar el capitalismo, la contradicción fundamental entre capital y trabajo permanece intacta.

La discusión debe situarse entonces en el plano material que es en dónde el marxismo leninismo ofrece una respuesta. La emancipación de la clase trabajadora no depende únicamente de quién administra el Estado, sino de la transformación de las relaciones sociales de producción que hacen posible la reproducción del capitalismo. Mientras esas relaciones permanezcan intactas, las diferencias entre izquierda y derecha expresarán formas distintas de gestionar un mismo sistema, más que proyectos históricos orientados hacia modos de producción diferentes. La tarea inmediata es entonces, la revolución socialista.