La vivienda como mercancía

Por Neftalí Ricardo

El 6 de agosto la policía estatal de Yucatán desalojó violentamente a personas que habían ocupado un predio en el sur de Mérida. Este predio se ha señalado como propiedad del Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán, institución cuyo, objetivo, de acuerdo con sus propios documentos, es garantizar el acceso a una vivienda digna, segura y sostenible para las familias yucatecas en situación de vulnerabilidad o marginación. Sin embargo, parece que el IVEY entiende por garantizar el acceso a una vivienda digna el garantizar que los monopolios inmobiliarios puedan vender una casa.

Este hecho abrió de golpe la cuestión que atraviesa la vida urbana en Yucatán, México y el mundo capitalista. La casa y el suelo aparecen como mercancía y el salario como el filtro que te permite o no adquirir una vivienda. El salario mínimo general de 2026 es de 315.04 pesos diarios, es decir, 114 mil 989.60 pesos al año. La vivienda media en Yucatán cuesta 3 millones 118 mil 450 pesos. Es decir, que la adquisición de una vivienda equivale a 27 años de salario mínimo, esto evidencia una distancia abismal entre el ingreso de quien vive de su trabajo y el precio de la casa que el mercado ofrece.

A esa barrera se suma otra, la garantía del derecho a la viviena. Infonavit opera sobre el empleo formal y sobre las aportaciones patronales equivalentes al 5 % del salario integrado. Su crédito permite comprar vivienda nueva o existente, comprar terreno, construir o pagar hipoteca, pero esa puerta depende de una relación laboral registrada. Quien trabaja por honorarios, en la informalidad, por contrato precario o fuera de la nómina queda fuera del circuito ordinario. A esto hay que sumar que muchos de los empleos no ofrecen a sus trabajadores y trabajadoras el Infonavit como una de las prestaciones.

Otro factor que influye es la concentración de la población que provoca el capitalismo. Marx ya explicaba en la acumulación originaria que esta concentración ocurre porque el campesinado es despojado de sus tierras y medios de vida, obligándolos a migrar y vender su fuerza de trabajo en las ciudades. Hay que sumar también que la concentración industrial en determinados puntos provoca migración tanto de personas del interior del estado, como provenientes de otros estados. Tan sólo en 2024, según datos del INEGI, por lo menos 100 mil personas llegaron a vivir a Mérida y su zona conurbada.

La necesidad de una vivienda para las y los trabajadores se hace presente. Pero ¿qué pasa cuando las condiciones de vida no permiten la adquisición de una vivienda en los términos que la ley de asentamientos humanos considera “regular”? ¿Qué hacer cuando el costo de la renta ronda entre 3 mil y 5 mil pesos al mes, lo que equivale a por lo menos una tercera parte del salario mínimo mensual? Esto sumado a la tradición meridana de solicitar hasta 3 meses de renta adelantado y el pago de un contrato de arrendamiento.

Todo esto, por supuesto, crea las condiciones propicias para la existencia de asentamiento irregulares, que surgen de la necesidad humana de tener un lugar donde vivir, que en la constitución ha sido nombrado en el artículo 4, como el derecho a una vivienda digna y decorosa. Pero donde gobierna el capital, los derechos humanos están subordinados al mercado.

Para la ley mexicana, el derecho a la vivienda solo es real cuando la vivienda se ha adquirido con lo que la ley determina como regular, de lo contrario y de acuerdo con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, se considera un asentamiento irregular el cual es ilegal. Es decir, que legalmente solo aquella persona física o moral que adquiera un predio y cuente con la aprobación de la autoridad para lotearlo puede ofrecer un predio legalmente regular ¡Vaya! Esto le abre un abanico de posibilidades a los monopolios inmobiliarios. Podemos ver entonces que el desalojo del 6 de agosto y la construcción de las dunas de chuburna son al final, dos caras de la misma moneda.

Viviendas hay, es por eso es posible para una familia rentar una casa. Lo que no hay son las condiciones para adquirir una vivienda, pues tampoco se debe pensar que en los predios ocupados las viviendas cumplen con las características de una vivienda digna y decorosa.

Hace falta en México una reforma urbana, que acabe con la especulación inmobiliaria y que vea la vivienda como una necesidad humana y no como un negocio, esto por supuesto ya lo propone el Partido Comunista de México a través de los siguientes puntos:

• Control de precios de la tierra y los inmuebles. Este dependerá de factores técnicos, como sus características, posición o equipamiento, y no de los vaivenes del mercado.

• Eliminación del impuesto predial para quienes tengan 1 propiedad. Impuesto fuertemente progresivo a quienes tengan más de 3 propiedades. Esta medida, junto a la anterior, arrancaría de raíz la especulación inmobiliaria.

• Expropiación de la industria de la construcción.

• Expropiación y/o regularización de la tenencia de la tierra para garantizar la vivienda como parte del patrimonio popular.

• Sustitución de los créditos hipotecarios por prestamos estatales. El Estado proveerá de préstamos a los trabajadores para comprar, construir o remodelar su vivienda sin el cobro de intereses, más allá de la inflación.

• Establecer un plan quinquenal para la construcción estatal y cooperativa de viviendas que responda a las necesidades de la población. Estas viviendas deberán asegurar un espacio digno, no como los actuales proyectos de vivienda de “interés social”.

• Las viviendas construidas por el Estado deben implementar medidas para el cuidado del ambiente, como el uso de paneles y calentadores solares, recolección de agua de lluvia, etc. Además, debe contemplar la construcción de elementos de integración social como parques, espacios deportivos, entre otros.

La lucha por una vivienda digna es la lucha contra los monopolios inmobiliarios.